Teniendo en cuenta la importancia del tema y su incidencia en los procesos legales de orden urbanístico, trataremos en algunos de los artículos de este mes el tema de la prevaricación, tratando de desglosar el tema para entender, en que consiste este delito, cuáles son sus incidencias y sus implicaciones y cuál es la mejor forma de enfrentarlos, teniendo en cuenta que quien lo comete es un servidor público.

La prevaricación es un delito contra la administración pública, contemplado en el Código Penal de España, que en su artículo 404 textualmente reza “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.”

En la práctica, no podemos circunscribir la ocurrencia del delito de prevaricación solo al evento procesal en que se dicta una resolución arbitraria por parte del funcionario judicial.  Incurre en el delito de prevaricación el funcionario público que:

  1. Retrasa en forma indebida las actuaciones propias de su cargo.
  2. No practica los actos propios de su función pública.
  3. Lleva a cabo prácticas o actuaciones ilegales.

Las actuaciones resultantes del trabajo de los servidores públicos se plasman en actos oficiales. En todos los casos, la demora, el fracaso o la práctica de acto ilícito que ocurra con el fin de obtener interés personal configuran la comisión del delito de prevaricación.

Por otra parte, la ocurrencia del retraso u omisión por parte del funcionario público sin justificación alguna, siempre debe ser calificada como inadecuada. Caso contrario ocurre cuando el retraso en una decisión se debe a la necesidad de documentar en forma relevante el proceso con el fin de analizar y tomar una decisión ajustada al derecho, no estaríamos ante la comisión del delito de prevaricación.

Igualmente, los funcionarios con exceso de trabajo, que comprueben en forma suficiente y si lugar a dudas tal situación, no estarían incurriendo en el delito de prevaricación.

En conclusión, es preciso entender que para que el delito de prevaricación se presente, es necesario comprobar la mala fe del funcionario público y  el interés por beneficiar con su comportamiento a una de las partes.

El delito de prevaricación es difícil de comprobar y por ello es conveniente que los abogados litigantes estén atentos a todos los indicios que permitan concluir la ocurrencia del delito